En la próxima década, cuando las plantaciones actuales maduren, el sector forestal pagará 116,4 millones de dólares anuales de impuestos, de acuerdo a un estudio divulgado por la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay.
Si se tiene en cuenta que en máximo de la producción el Producto Interno Bruto del sector será de US$ 534,3 millones, la presión fiscal estimada estará en el 21,8%.
El estudio realizado para la Sociedad por los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelín evalúa 20 años de desarrollo productivo y los principales problemas de sectoriales.
Con datos al año 2010 esta actividad cuenta con 884.000 hectáreas forestadas, ocupa 19.000 personas -11.783 son empleos directos – y exporta la totalidad de la producción, con ingresos de US$ 1.250 millones.
La superficie forestada actual generará una producción que, en su costo final, tiene incorporados aportes patronales por US$ 103 millones. La carga impositiva patronal a lo largo de todo el proceso productivo fue estimada en US$ 424 por hectárea.
Los economistas afirman que Uruguay puede duplicar la producción de madera, de los actuales 10 millones de metros cúbicos sólidos anuales a a por lo menos 18 millones.
Con la cosecha de 68.500 hectáreas se proyecta una producción de 13.7 millones de toneladas anuales. El gasto en gas oil para cosecha y fletes será de US$ 258 millones anuales. La carga tributaria por el gasoil será de US$ 32 anuales, de los cuales US$ 18 millones irán al fideicomiso para sustentar el transporte de pasajeros urbanos y US$ 14 millones corresponderán a IVA.
Bafico y Michelin señalan que debido al sobreprecio que los consumidores de gasoil pagan por el monopolio de Ancap, la producción forestal tendrá una sobrecarga de US$ 23,5 millones anuales.
El resto de la carga impositiva se compone de:
-US$ 20: por aportes a la seguridad social,
-US$ 12.5: de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (Irae).
-US$ 8.3: de Impuesto al Patrimonio.
-US$ 1.6: Contribución Inmobiliaria Rural.
-US$ 9.5: Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales.
“El concepto común de que el sector está promovido y por ende no paga impuestos es equivocado. Los cambios de la reforma tributaria del año 2007 y otras modificaciones sobre la forma de las sociedades y la carga tributaria han ido cambiando la realidad y gravando paulatinamente al sector. El caso del ICIR propuesto recientemente es un caso más de los desvíos en el tratamiento impositivo”, afirman los autores del estudio.



