Entre la expectativa y la inquietud, el gobierno de Cristina Kirchner prepara todos sus resortes políticos y diplomáticos para recibir pasado mañana el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda presentada contra Uruguay por la presunta violación del estatuto del Río Uruguay, al aprobar la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos.

Nadie en el entorno presidencial arriesgó un pronóstico acerca de la sentencia, que se conocerá a las 10 de la mañana en la Argentina. Pero tanto la Cancillería como la Casa Rosada han extremado la cautela y ya tienen listo un plan de acción en caso de que la resolución no responda del todo a los intereses y expectativas locales.

El Gobierno tiene decidido sostener en el tiempo la instrumentación del plan de vigilancia ambiental que se ejecuta en el área de influencia de la pastera finesa para tener un resguardo legal en el futuro y volver, eventualmente, a hacer presentaciones ante foros multilaterales y tribunales internacionales.

La presidenta Cristina Kirchner y el canciller Jorge Taiana estarán en Venezuela cuando se conozca la sentencia, participar de los actos por el bicentenario del país caribeño.

La sentencia será recibida en La Haya por la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti, que encabeza el equipo que llevó adelante la estrategia legal de la Argentina en los tribunales internacionales.

“Las relaciones con Uruguay van a ser mucho mejores después del fallo, no lo dudo”, dijo la embajadora. Encargada de litigar con el vecino país en los últimos cuatro años, sostiene que, más allá del resultado, la resolución del tribunal será el punto de partida para mejorar el vínculo bilateral.

Antes de partir a La Haya, donde recibirá la sentencia en nombre de la Argentina, la diplomática dijo que el país confía en que los jueces reconocerán la argumentación argentina y rescatarán la vigencia del estatuto del río Uruguay para preservar eventuales emprendimientos futuros en el curso de agua compartido.
La contaminación

Confiado en que el fallo del tribunal reflejará el interés del Estado argentino por velar por el cuidado del medio ambiente y la salud de la población, el Gobierno tiene la intención de reforzar el presupuesto del plan de vigilancia ambiental, coordinado por la Secretaría de Ambiente de la Nación.

El programa dispone de $ 14 millones anuales y comenzó a funcionar en noviembre de 2007 para aportar elementos a las presentaciones del país ante La Haya.

La decisión de ampliar el alcance del plan de vigilancia ambiental más allá del fallo podría funcionar como un disuasivo para la protesta. Nadie en la Casa Rosada lo admite de viva voz, pero existe la tenue expectativa de que, eventualmente, los ambientalistas de Gualeguaychú que llevan adelante el corte sean incluidos en esos programas con tareas remuneradas.

“La Corte puede llegar a decir que Botnia por el momento está allí, pero que ello no supone un cheque en blanco que nos impida vigilar a Botnia y que Uruguay no deba cumplir con el estatuto para garantizar que no haya perjuicio sensible al río”, anticipó Ruiz Cerrutti.

“Tenemos mucha confianza. Esperamos ver reflejado en el fallo la argumentación de estos cuatro años. Esperamos que la corte rescate la vigencia de un documento clave para el futuro del río, que es el estatuto que lo regula”, agregó.

En el Gobierno no desconocen que luego de que se conozca el fallo será cada vez más exiguo el margen político para no tomar medidas respecto del bloqueo del puente binacional General San Martín por parte de los asambleístas.

Por ello, tanto la diplomacia argentina como la uruguaya consideran que, fuera cual fuera el resultado de La Haya, producirá inevitablemente un efecto político: obligará a las partes a dar una vuelta de página en el conflicto abierto y a tomar las medidas necesarias para instrumentar la resolución.

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